A raíz del caso de los viajes a Canarias que realizaba Monago en su época de senador, sin justificación aparente y en los que presuntamente se mezclaba trabajo y placer, ha quedado meridianamente claro que diputados y senadores viajan alegremente con cargo a los fondos públicos sin ningún tipo de control, ni de sus partidos ni de las cámaras a las que representan. Como dicho comportamiento no es ilegal, nadie puede acusar en este caso a Monago de haber cometido un delito, aunque parece claro que tanto política como moralmente no es un hecho defendible.
Destapado el ‘monagogate’ y ante la repercusión social que estaba adquiriendo, se planteó el debate sobre la necesidad de establecer un control sobre los viajes de diputados y senadores, a lo que se mostraron reacios la práctica totalidad de los partidos políticos.
«Personalmente creo que la Cámara no tiene por qué conocer y dar publicidad a los viajes de todos los diputados. Lo que garantizamos es que el dinero público se gasta correctamente», declaró Jesús Posada, presidente del Congreso, en lo que podría calificarse como una vergonzosa dejación de funciones.
Ahora PP y PSOE han llegado a un acuerdo de la señorita Pepis para establecer un control limitado de los viajes de los diputados. Dicho acuerdo es tan limitado como poco transparente, ya que solo se publicará la cifra global de gasto por trimestres, pero sin especificar ni motivos de los viajes ni grupos parlamentarios ni mucho menos el no nombre de los diputados.
Otra cuestión sobre la que han pasado de puntillas es sobre quién debe pagar los gastos de los viajes de miembros de las cámaras a actos de partidos, y han decidido que todo siga como hasta ahora y que sean las Cortas las que sigan haciendo frente a dichos gastos por considerarlo como una prolongación de su actividad.
Este lifting que se han hecho sus señorías no ocultan el problema, ya que en realidad seguirán gastando nuestro dinero en viajes, hoteles y restaurantes y seguiremos sin ver las facturas y sin saber los motivos.
Si no hay nada que ocultar, la solución tampoco parece muy difícil: que los jefes de cada grupo parlamentario sean los encargados de autorizar los desplazamientos de los miembros de su grupo y que, mensualmente, presenten ante los presidentes de las Cámaras un listado de los viajes realizados, detallando nombre, importes y motivo del desplazamiento, adjuntando las facturas correspondientes.
Y lo que ya sería para nota y demostraría que somos un país serio, que está dispuesto a acabar con el despilfarro de los fondos públicos por parte de nuestros representantes, sería que esos listados fuesen de dominio público y se publicasen en las web oficiales de Congreso y Senado.
Lo triste es que, como siempre, en estos casos se pondrán de acuerdo, pero no para racionalizar los gastos, sino para tapar sus vergüenzas.
Con dos cubitos 