Que el Tribunal Supremo ha citado a declarar como ‘imputados’ a los expresidentes de la Junta de Andalucía Chaves y Griñán es un hecho. Y también lo es que tanto Susana Díaz como Pedro Sánchez, como máximos representantes del PSOE, se habían puesto estupendos proclamando que cualquier imputado de su partido debería abandonar el cargo que estuviese ocupando en ese momento.

Pues bien, ahora resulta que esos calentones de boca que tantos apláusos cosechan cuando hablan ante su militancia, se les vuelve en su contra llegado el momento de llevarlos a la práctica, como en este caso en el que Díaz y Sánchez se han apresurado a aclarar – ¡menuda aclaración! – que se referían a ser imputado por la comisión de un delito.

En el caso de los EREs y de la Junta de Andalucía, donde ya se ha perdido la pista sobre la cantidad de imputados y la de millones de euros evaporados, está claro que toda la cadena de mando – por acción, por omisión o por ineptitud – es responsable del saqueo de los fondos destinados a cursos de formación. Porque no pretenderán hacernos creer que todo ese entramado ideado para desviar fondos escapando del control público lo ideó y lo ejecutó un administrativo espabilado desde su smartphone.

Otra cuestión es si un imputado, por cualquier hecho y milite en el partido que sea, tenga que dimitir de su cargo. Procesalmente, la figura de imputado equivale a la de investigado, sin que haya hasta ese momento ninguna acusación sobre el mismo. Pero bien es cierto que la propia dureza del término utilizado hace que se asocie imputado con condenado, y nada más lejos de la realidad. Y a nadie se le escapa que cualquier imputado solo por el hecho de serlo, ya pasa a cumplir la llamada ‘pena del telediario’, es decir, que a los ojos de la opinión pública ya queda sentenciado.

En principio y en esta materia tan delicada, cada partido político marca sus límites a través de sus estatutos o de sus códigos éticos, y resultaría disparatado obligarles legalmente a lo contrario. Porque en un país como España, que actualmente tiene un política tan judicializada o una justicia tan politizada, no parece aconsejable que las dimisiones se lleven a cabo o las listas electorales se confeccionen en función de las actuaciones de un juez.

Pero para unificar criterios se podrían adoptar alguna de estas fórmulas:

1.- Cambiar el nombre de ‘imputado’ por el de ‘investigado’ o ‘preimputado’ mientras no se produzca la apertura de juicio.

2.- Pacto entre los partidos políticos en el que se estableciese de forma clara y taxativa en qué momento procesal debería cualquier cargo público renunciar a su puesto.

Mientras esto no se materialice, seguiremos asistiendo al bochornoso espectáculo protagonizado por los partidos lanzándose imputados a la cara, al grito de ‘que dimita el tuyo que a mi me da la risa’. Y así hasta llegaremos al momento delirante en el que alguno confesará ‘sí, yo estoy imputado… ¡pero solo la puntita!’